La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de modificación a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que reduce el Consejo Superior Policial de 17 a 8 miembros y pone un tope de 20 generales.
En la actualidad hay 51 generales y la nueva legislación establece un plazo de 24 meses para que lo lleve a los 20 establecido como máximo.
La pieza fue aprobada a unanimidad en dos lecturas consecutivas.
La Ley que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación establece que el retiro de los generales se haría en un período de 24 meses a partir de la entrada en vigencia de la misma.
Además, crea las condiciones de investigación para fortalecer el departamento de Asuntos Internos, para vigilar el comportamiento de los policías y evitar los abusos.
También tendrá la potestad de crear comisiones independientes conformadas por ciudadanos sin vinculación con la institución.
De igual modo, la modificación crea los mecanismos e instancias especializadas para la participación de ciudadanos en los asuntos de seguridad pública.
Los retiros
Los generales serán retirados al cumplir los diez años en el rango, salvo que ocupen la Dirección General, la Subdirección General o la Inspectoría General, y el retiro se producirá al cesar de esas funciones.
Mientras, que para los ascensos se establecen 4 años mínimos de permanencia en el rango, junto a los demás requisitos, de lo contrario los mismos serán nulos; pero como tiempo máximo de permanencia en el rango serán de 6 años para el nivel básico y 7 años para el nivel medio, si el ascenso no se produce porque no se hayan cumplido los requisitos, serán retirados o separados de la institución castrense.
Al iniciar los debates ,el presidente de la comisión de Interior, Elpidio Báez, al pedir que la pieza fuera declarada de urgencia, explicó que la ley reduce el número de oficiales generales a 20, “ya que tenemos una policía macrocefálica con más cabeza que cuerpo”, dijo.
El diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, dijo que los artículos 38 y 39 plantean la posibilidad de que se nombren comisiones independientes de ciudadanos, para hacer investigaciones de delitos, lo que violaría la Constitución y contaminaría cualquier tipo de proceso. “Ciudadanos independientes no puedan ser sustitutos de policías”, dijo.
